El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso prorrogar la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad en el departamento ubicado sobre la calle San José al 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución, firmada por el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, se fundamentó en los reportes técnicos favorables emitidos por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP). Según el informe trimestral, la exmandataria “ha cumplido adecuadamente” con la obligación de permanencia en el inmueble, respondió con predisposición a las entrevistas domiciliarias sorpresivas y mantuvo sin fallas el régimen de monitoreo con tobillera electrónica.
En relación a la dinámica cotidiana, la Justicia detalló que durante el período auditado la exjefa de Estado registró una sola salida excepcional previamente autorizada por razones de salud, la cual se llevó a cabo sin incidentes. Asimismo, el esquema de visitas se ajustó a los permisos concedidos por el tribunal. Respecto al clima en el barrio de Constitución, el fallo remarcó que las concentraciones o movilizaciones en las inmediaciones no alteraron la tranquilidad de los vecinos ni motivaron denuncias por incumplimiento de las condiciones fijadas.
Embargos y causas conexas
La prórroga de la domiciliaria se conoció de manera simultánea con la confirmación de nuevos embargos preventivos sobre activos de la expresidenta y el resto de los condenados en el juicio. La medida cautelar incluye la propia unidad habitacional de San José 1111 y apunta a respaldar el futuro decomiso patrimonial para resarcir el perjuicio económico causado al Estado, estimado en unos $685.000 millones.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación rechazó en las últimas horas los recursos de queja interpuestos por Fernández de Kirchner y sus hijos contra la inhibición de bienes ligados a las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Asimismo, la Justicia mantiene bajo la lupa operaciones inmobiliarias en el mismo edificio donde cumple arresto: se investiga la adquisición del departamento inferior por parte de María Soledad Calle, dirigente vinculada a La Cámpora, sumado a la titularidad de otra unidad en el primer piso a nombre del senador Mariano Recalde.
