El procedimiento cuenta con la participación de efectivos de divisiones especiales, brigadas caninas especializadas en rastro y baqueanos a caballo, coordinados tecnológicamente mediante el uso de drones tácticos de última generación.

Los indicios tecnológicos detrás del operativo

De acuerdo con la información confirmada por los investigadores y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, las tareas en este sector baldío surgieron tras rastrear las celdas de antenas de telefonía celular y realizar un análisis secuencial de los domos de seguridad de la vía pública. Los registros determinaron que el único detenido, Claudio Gabriel Barrelier —un empleado municipal de Tránsito de 33 años con antecedentes penales por robo y privación ilegítima de la libertad—, circuló y permaneció durante algunos minutos en ese descampado en la madrugada posterior a la desaparición, a pesar de que el sitio queda a unos 17 kilómetros de su domicilio en el barrio Cofico.

Los peritajes establecieron que para realizar ese recorrido el sospechoso utilizó una camioneta Volkswagen Amarok que le habría sido prestada por una conocida, lo que contradice su coartada inicial sobre un supuesto automóvil de color rojo al que la menor se habría subido voluntariamente. En paralelo, el fiscal Garzón ratificó de forma concluyente que la joven registrada por las cámaras ingresando a la propiedad del imputado es efectivamente Agostina Vega, desestimando la versión de la defensa que indicaba que se trataba de la hija biológica del acusado.

El estado de la causa y nuevas directivas judiciales

Durante el transcurso de la jornada, el fiscal Garzón se presentó tanto en los operativos de barrio Ferreyra como en una nueva inspección técnica en la vivienda del detenido, donde peritos buscaron huellas tras detectarse movimientos sospechosos durante la madrugada. Al ser consultado por la prensa sobre el rumbo de la causa, el funcionario judicial fue taxativo: “La buscamos con vida y la buscamos sin vida también. Las dos hipótesis. La prueba conduce en esas dos direcciones”. Asimismo, confirmó que se dispuso el levantamiento del secreto de sumario en el expediente para agilizar las diligencias y coordinar más de 20 allanamientos simultáneos que se ejecutan en distintos puntos de la provincia.

Por su parte, Fernanda Alaniz, abogada querellante por la rama paterna, manifestó que la prioridad absoluta es hallar a la adolescente “en el estado en que se encuentre” y expresó su conformidad con los recursos técnicos aportados. Frente a los reclamos públicos de familiares directos de la menor sobre demoras en la activación del protocolo federal Alerta Sofía, el ministro Quinteros defendió la actuación institucional señalando que el despliegue policial comenzó inmediatamente después de asentada la denuncia por la madre de la joven, aclarando que los criterios y plazos de aplicación de las alertas nacionales corresponden exclusivamente a las resoluciones del Poder Judicial interviniente.