Este jueves, la defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de apelación contra las restricciones impuestas en su prisión domiciliaria, logrando que la Cámara Federal de Casación Penal acepte revisar las condiciones de su detención. El planteo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy apunta directamente a conseguir que se le retire la tobillera electrónica, se revisen los límites aplicados a las visitas y se flexibilice la restricción para utilizar la terraza del edificio donde cumple la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

La medida fue habilitada luego de que el Tribunal Oral Federal 2 concediera el recurso contra la resolución del pasado 5 de junio, dictada por el juez de ejecución de la condena, Rodrigo Giménez Uriburu, quien había desestimado flexibilizar el arresto en el departamento de la calle San José 1111. La defensa argumentó que el fallo incurrió en “arbitrariedad” y señaló una contradicción: explicaron que se volvió más restrictivo el régimen tras la visita simultánea de nueve economistas en noviembre pasado, pero no se valoró la “conducta irreprochable” de la expresidenta durante su primer año de detención, el cual se cumplió ayer.

Respecto a la tobillera electrónica, los letrados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación para asegurar que el dispositivo es una medida de carácter “excepcional”. Bajo esa premisa, afirmaron que las condiciones de la exmandataria muestran una severidad superior a la de la mayoría de los arrestos domiciliarios y reiteraron que no existe riesgo de fuga. También cuestionaron el límite de dos horas diarias para acceder a la terraza y el control de visitas, advirtiendo que el argumento judicial de “preservar la tranquilidad” no tiene sustento empírico porque ningún vecino del edificio presentó quejas.

Por su parte, el Tribunal rechazó los planteos iniciales argumentando que el acatamiento de las normas no hace perder la razón de ser de las restricciones. El magistrado Giménez Uriburu aclaró que el “régimen progresivo” de la Ley de Ejecución Penal fue diseñado para las cárceles comunes y que la prisión domiciliaria es una modalidad excepcional con sus propios mecanismos de control. Asimismo, la tensión sumó un llamado de atención para la exmandataria por un acto de apoyo militante realizado frente a su residencia esa misma semana, donde se colgó una pancarta uniendo su balcón con el de un edificio de enfrente, situación que el juez consideró “un riesgo para la seguridad y la convivencia del barrio”.