El Gobierno nacional inició formalmente el proceso de privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país. La decisión quedó oficializada este lunes a través de la Resolución 1067/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.

La medida establece que se licitará el 100% del paquete accionario, en línea con el Decreto 198/2025 firmado por el presidente Javier Milei en marzo pasado.

Privatización total y fin del contrato de concesión

Según detalla la resolución, la Secretaría de Transporte deberá avanzar en la actualización del inventario de bienes tangibles e intangibles de Intercargo, paso clave para su valuación de mercado, y gestionar la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente desde 1990. Este contrato le otorgaba a la firma el monopolio del Servicio Único de Atención en Tierra (RAMPA), que fue desregulado por la actual gestión.

Además, el Ejecutivo instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a coordinar todas las acciones necesarias para la privatización, incluyendo la contratación de una entidad bancaria pública para la valuación del capital accionario. El plazo para concretar el proceso fue fijado en ocho meses.

La Secretaría de Transporte también estará a cargo de redactar y tramitar los pliegos licitatorios, técnicos y contractuales, que deberán contar con el visto bueno de la Agencia de Transformación antes de ser publicados.

Intercargo fue creada en 1961 y brinda actualmente servicios de asistencia en tierra a aeronaves en 21 aeropuertos del país. Sus clientes incluyen a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en la Argentina, utilizando equipamiento propio o de Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno justificó la privatización recordando que entre 2020 y 2023, Intercargo necesitó asistencia estatal por unos $6700 millones, para garantizar operaciones y estándares de calidad. En cambio, desde fines de 2024, el Ejecutivo dejó de subsidiarla, desreguló el servicio y avanzó en un plan de apertura a privados.

En ese marco, 15 trabajadores fueron despedidos por bloquear rampas en medio de protestas y asambleas que afectaron a cientos de pasajeros, quienes quedaron demorados dentro de los aviones sin poder descender. Esa situación fue aprovechada por el Gobierno para avanzar en la liberalización del servicio, otorgando nuevas habilitaciones a empresas privadas durante este año.