El pliego establece expresamente que, al momento de la firma del contrato, la empresa adjudicataria debe presentar los títulos de propiedad o los derechos de uso de los colectivos afectados a la prestación del servicio, requisito obligatorio y excluyente.

Sin embargo, durante el encuentro realizado días atrás para concretar la rúbrica, la empresa no presentó la documentación en la forma requerida. Por este motivo, el intendente decidió no firmar contrato, ya que habría incumplido el propio pliego y puesto en riesgo al Municipio ante futuros reclamos judiciales o administrativos.

Desde el Municipio, se remarcó que existe una diferencia muy clara entre anunciar o informar que los colectivos están comprados y acreditar legalmente la propiedad o el derecho de uso de las unidades. Para cumplir con el pliego no alcanza con notas comerciales, comunicaciones de fábricas o manifestaciones verbales.

En este sentido, la empresa presentó documentación emitida por agencias y representantes de ventas indicando que las unidades estarían disponibles o preparadas para prestar servicio. No obstante, esos documentos no acreditan la titularidad de los vehículos ni un derecho legal de uso sobre los mismos, tal como exige la licitación.

El Municipio aclaró, además, que nunca cambió las reglas del proceso. Todos los requisitos no sólo estaban establecidos desde el inicio de la licitación, sino que fueron conocidos por todas las empresas participantes y jamás fueron objetados.

Asimismo, el Ejecutivo Municipal, destacó que la decisión adoptada busca justamente preservar la continuidad de la licitación y evitar su caída. Por ese motivo, antes de avanzar con medidas más severas, se resolvió otorgar un plazo de diez días hábiles para que la empresa regularice la situación y presente toda la documentación faltante.

“El objetivo del Municipio es que la licitación avance y que la ciudad tenga el servicio de transporte que necesita. Pero también tenemos la obligación de hacer cumplir las normas y resguardar los intereses de todos los vecinos”, remarcaron desde el Ejecutivo.

Finalmente, se indicó que, en caso de que la empresa no cumpla con lo exigido dentro del plazo otorgado, el Municipio deberá evaluar las medidas administrativas y legales correspondientes previstas en el pliego licitatorio.