Una controversia judicial y ambiental atraviesa a la localidad de Alto Río Senguer a raíz de la orden de desalojo emitida contra Sandra Morales y Rodolfo Hakl, una pareja de jubilados que reside en la zona norte del Lago La Plata. La medida fue dispuesta por la Justicia civil tras una demanda iniciada por el Ejecutivo municipal para lograr la restitución de las tierras.

El diferendo se remonta al año 2016, momento en que las autoridades locales detectaron la instalación de un campamento y la posterior construcción de una casilla en un área protegida por la Ley de Bosques y normativas de prevención de incendios. Según expuso el intendente Miguel Mongilardi, los ocupantes no poseen permisos ni títulos sobre el predio, al tiempo que remarcó que las tierras públicas del ejido lacustre no pueden ser loteadas ni cedidas a particulares.

Por su parte, los jubilados manifestaron su decisión de apelar la sentencia civil y argumentaron haber construido la vivienda con esfuerzo propio tras perder sus ahorros en la crisis del 2001. A través de un comunicado público, señalaron que se ofrecieron en reiteradas oportunidades a colaborar de forma ad honórem con el desarrollo turístico local o a abonar tasas municipales a cambio de regularizar su estancia.

Frente a versiones que vinculaban el accionar oficial con presuntos intereses inmobiliarios en la Patagonia, Mongilardi desmintió categóricamente las especulaciones y ratificó que las actuaciones judiciales —que en el fuero penal derivaron en la absolución de la pareja pero en el fuero civil dictaminaron la restitución del suelo— responden al deber de resguardar el patrimonio natural para la comunidad.