Desde el Ejecutivo municipal se informó oficialmente la imposibilidad de concretar la firma del contrato de concesión debido a la falta de presentación de documentación obligatoria establecida en el pliego licitatorio. En ese sentido, remarcaron que se trata de requisitos “excluyentes e insalvables”, previstos en el artículo 43°, cuyo incumplimiento impide avanzar con el acto administrativo.

Entre los puntos exigidos se encuentra la acreditación de la titularidad o derechos de uso de las unidades destinadas al servicio, la constitución de garantías, pólizas de seguro, contratos de ART, y la declaración de absorción del personal, entre otros aspectos considerados esenciales por la administración municipal.

Según indicaron desde el Municipio, la ausencia de dicha documentación al momento de la firma “imposibilitó continuar con el proceso”, en el marco de lo establecido por el propio pliego de licitación.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el responsable Raúl Sosa y el representante legal Gastón Acevedo de Grupo MR, rechazaron las observaciones oficiales y aseguraron que la empresa sí cumplió con los requerimientos.

“Cuatro días antes presentamos el plan de implementación. Faltaba solo la firma del contrato. Ese instrumento ya establece la adquisición de las unidades, todas equipadas y con los títulos correspondientes”, señalaron desde la empresa.

Además, afirmaron contar con más de 90 colectivos 0 km listos para operar en la ciudad y cuestionaron la decisión administrativa. “Ninguna empresa tendría 90 unidades, que representan una inversión de 25 millones de dólares, guardadas en un patio esperando una firma”, expresaron durante la conferencia.

Desde la firma indicaron que, una vez recibidas las indicaciones correspondientes, evaluarán las acciones administrativas y legales a seguir.

En definitiva, conflicto abre ahora un nuevo capítulo en la definición del servicio de transporte público en la ciudad, mientras ambas partes sostienen posturas firmes respecto al cumplimiento del proceso licitatorio.