La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso este jueves la suspensión provisoria de las multas económicas diarias de $100.000 que habían sido impuestas al Gobierno nacional por presunta desobediencia a la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución de la alzada se produjo apenas 24 horas después de que el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, aplicara las sanciones pecuniarias (“astreintes”) sobre la figura del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que denunciaba la falta de actualización en los salarios docentes, no docentes y partidas para becas estudiantiles.

El tribunal superior admitió el recurso de queja interpuesto por el Ministerio de Capital Humano y ordenó conceder la apelación del Estado con efecto suspensivo. A partir de esta determinación, la ejecución de la penalidad económica queda formalmente congelada mientras la Cámara analiza los argumentos de fondo planteados por los abogados del Poder Ejecutivo, quienes sostienen haber dado cumplimiento a los informes y requerimientos procesales del expediente.

Si bien la medida no resuelve la disputa central en torno a la plena operatividad de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, otorga un respiro judicial a la Casa Rosada y traslada la definición del conflicto a la instancia de revisión de la Cámara Federal.