La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este viernes las condiciones restrictivas bajo las cuales la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, cumple su condena de prisión domiciliaria. Mediante un fallo emitido por mayoría, el Máximo Tribunal penal del país rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de la exmandataria y confirmó tanto el uso obligatorio de la tobillera electrónica de monitoreo como el régimen de autorizaciones previas para recibir visitas en su residencia.

La resolución judicial fue articulada por los votos de los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes consideraron de manera coincidente que los mecanismos de control impuestos originalmente por el Tribunal Oral Federal N.° 2 resultan “razonables y proporcionados” para garantizar la sujeción de la imputada al cumplimiento de la pena. En la vereda opuesta, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, inclinándose por hacer lugar al reclamo de los abogados defensores.

En su propuesta minoritaria, Borinsky sugirió dejar sin efecto de manera inmediata las restricciones habitacionales y de control biométrico. Específicamente, el magistrado propuso eliminar la vigilancia mediante el dispositivo electrónico de monitoreo, levantar el cepo a las visitas y suprimir los límites horarios fijados para que la expresidenta acceda a la terraza del edificio de la calle San José al 1111, requiriendo únicamente sostener la obligación de abstenerse de generar ruidos o conductas que alteren la tranquilidad habitual del vecindario.

Cristina Kirchner permanece recluida en su departamento del barrio porteño de Constitución tras haber sido sentenciada a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallada culpable del delito de administración fraudulenta en el marco de la denominada causa “Vialidad”. En tanto, el escenario judicial continúa impactando en la interna partidaria: la semana pasada, el kirchnerismo organizó un “banderazo” en Parque Lezama para exigir la libertad de la exvicepresidenta, una movilización que estuvo marcada por la llamativa ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, exponiendo la profunda distancia política que mantiene con el riñón del Instituto Patria.