En un extenso diálogo con el programa Nuestras Mañanas por Radio Del Mar, el concejal comodorense Omar Lattanzio repasó los principales temas de la agenda política local. Con un tono crítico hacia la gestión municipal, el edil analizó el nuevo marco licitatorio para el transporte urbano, rechazó de plano las iniciativas enviadas a sesión extraordinaria y se refirió al pedido de elevación a juicio por jurados en la causa por las estafas con viviendas del IPV, expediente que se originó a partir de presentaciones que él mismo acompañó en la Justicia.
Respecto al nuevo pliego para el servicio de colectivos, Lattanzio remarcó que las modificaciones surgieron desde el propio cuerpo legislativo tras la inacción del Ejecutivo. Si bien valoró el llamado a audiencia pública fijado para el próximo 26 de octubre, advirtió inconsistencias en los números: “En la presentación de costos ya he encontrado diferencias. Vamos a escuchar a los vecinos porque, aunque no sea vinculante, si hay cosas que cambiar, hay que cambiarlas”.
En esa misma línea, el concejal fundamentó su negativa a tratar los proyectos ingresados en la última sesión extraordinaria. Por un lado, apuntó contra el incremento tarifario para el servicio hacia Diadema, que pretendía pasar el boleto de $1.300 a $2.800: “Representa un aumento cercano al 120% cuando la inflación interanual ronda el 70%. Nadie vino a justificarlo ni trajeron dictámenes técnicos, por lo que quedó en comisión y no lo vamos a aprobar”. Por otra parte, rechazó el convenio que otorgaba 18 meses a la prestataria EMR para completar la flota: “El contrato contemplaba 121 colectivos y trajeron 95. Esos vehículos faltantes son los que debían absorber a los choferes de Patagonia Argentina. Si les dan 18 meses, los vecinos seguirán esperando los micros 40 o 50 minutos y esa gente no trabajará más”.
Consultado por la reciente acusación fiscal contra Vanesa Fita y sus colaboradoras por estafas reiteradas, Lattanzio expresó su satisfacción por el avance de la causa que instruye el fiscal Martín Cárcamo. “Me hace sentir muy bien que la Justicia haya dictaminado llevarlo a juicio. Yo empecé acompañando a siete personas a denunciar y terminaron siendo 594 sobre un universo de más de 700 afectados. Jugaron con la buena fe y con un apellido creyendo que no les harían daño. Entre los estafados había personas mayores, pacientes oncológicos y familias con hijos con discapacidad; no tuvieron piedad con nadie”, sentenció, recordando que los cobros iniciales eran justificados como supuestas inscripciones para casas recuperadas.
