El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia culminó formalmente la etapa de investigación penal preparatoria y presentó la acusación pública en el marco del legajo 133.162, caratulado por estafas reiteradas en relación con la falsa adjudicación de planes habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Tras una exhaustiva pesquisa que acumuló 700 gigabytes de evidencia digital e informes financieros, la Fiscalía solicitó que las cinco mujeres imputadas enfrenten un juicio por jurados populares.

En conferencia de prensa, el fiscal jefe Martín Cárcamo brindó precisiones sobre el modus operandi desplegado entre abril de 2023 y febrero de 2024. La maniobra estuvo encabezada por Vanesa Elizabeth Fita, quien montó una estructura fraudulenta simulando ser la organizadora de una cooperativa habitacional. Mediante la invocación de supuestas influencias con funcionarios gubernamentales, la mujer ofrecía el acceso directo a viviendas ya construidas o en vías de edificación por parte del IPV, aprovechándose de la vulnerabilidad y la profunda necesidad habitacional de las familias comodorenses.

Para ingresar al esquema, las víctimas debían desembolsar una entrega inicial estandarizada de 100.000 pesos en efectivo o por transferencia bancaria, sumada al compromiso de cancelar sucesivas cuotas del plan. Una vez concretado el primer pago, los damnificados eran incorporados a diferentes grupos de WhatsApp y convocados periódicamente a reuniones informativas ficticias, mecanismos utilizados para dilatar los plazos, renovar promesas vacías y captar a nuevos postulantes.

La instrucción del caso cuenta con 80 denuncias formales que representan a un universo de al menos 594 personas damnificadas y un flujo dinerario superior a los 60 millones de pesos detectado en billeteras virtuales y cuentas bancarias. El análisis pericial sobre los dispositivos secuestrados en allanamientos y el levantamiento del secreto fiscal permitieron certificar unas 400 transferencias específicas. Paralelamente, reportes remitidos por el organismo recaudador ARCA confirmaron que ninguna de las acusadas poseía actividad económica registrada ni respaldo patrimonial legítimo que justificara el origen ni el volumen de los fondos administrados.

En cuanto a la calificación legal, el Ministerio Público Fiscal encuadró el accionar bajo la figura de estafa por calidad simulada e influencia mentida en concurso real. Vanesa Fita fue señalada como autora directa de la totalidad de las 594 maniobras fraudulentas investigadas. En tanto, las cuatro consortes de causa fueron imputadas como partícipes necesarias por su aporte indispensable en la captación y administración del engaño: María Victoria Curán (en al menos 400 hechos), Lara Camila Páez (en 300 hechos), Lucía Lorena Miranda (en 130 hechos) y Gisela Belén Mancilla (en 4 hechos).

El fiscal Cárcamo aclaró que los informes periciales y los requerimientos al IPV permitieron descartar de plano la connivencia o participación de funcionarios públicos de la provincia en la trama ilícita. Tras el traslado de la pieza acusatoria a las defensas técnicas, la Oficina Judicial deberá agendar la audiencia intermedia de control de pruebas para luego definir la fecha del juicio por jurados que determinará la responsabilidad penal de las acusadas.