El expediente, que cuenta con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, pone el foco en la presunta adjudicación direccionada de servicios y concesiones a firmas vinculadas al círculo íntimo del funcionario.

La causa se activó tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre una licitación de 2025 para servicios de mensajería masiva. El contrato fue ganado por la firma ATX S.A. por un monto superior a los $3.650 millones. Sin embargo, la sospecha judicial radica en que las tres empresas que compitieron (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) tendrían domicilios coincidentes y directivos con relaciones laborales previas, lo que sugeriría una simulación de competencia.

Otro eje central de la pesquisa es la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. El magistrado solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) informes societarios para determinar si existen conexiones comerciales entre esta consultora y grandes contratistas del Estado como Foggia Group, Datco y National Shipping. Se investiga si la esposa del funcionario actuó como nexo para facilitar contratos o si recibió beneficios derivados de estas adjudicaciones.

Lijo también ordenó recabar documentación sobre las concesiones otorgadas en el predio de Tecnópolis. La Justicia comparará los valores de estas contrataciones con valores de mercado y licitaciones anteriores para verificar la posible existencia de sobreprecios. El objetivo final es identificar a los verdaderos beneficiarios detrás del entramado empresarial y confirmar si el Estado pagó costos significativamente más altos por servicios que fueron, presuntamente, direccionados.