El secretario general de APUNP, José Giri, confirmó que las medidas de fuerza serán de 24 horas y sin asistencia a los lugares de trabajo. En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, advirtió que el presupuesto proyectado para el próximo año sería insuficiente y cuestionó la falta de avances en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas continúa y suma nuevas medidas de fuerza. José Giri, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (APUNP), confirmó que los trabajadores no docentes realizarán cuatro jornadas de paro durante las próximas semanas, mientras que el sector docente iniciará una semana completa de huelga.

En diálogo con La Tribuna por Radio del Mar, Giri explicó que ambos sectores sostienen un reclamo común, aunque con distintas modalidades de protesta. En el caso de los no docentes, el cronograma contempla paros de 24 horas y sin asistencia a los lugares de trabajo los días 27 de octubre, 3, 12 y 16 de noviembre.

Por su parte, las federaciones docentes llevarán adelante una medida de fuerza desde este martes hasta el martes de la semana siguiente.

“El objetivo es el mismo, el frente está unido”, afirmó el dirigente, quien destacó los acuerdos entre los distintos sectores de la comunidad universitaria para exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

Cuestionamientos al financiamiento universitario

Giri señaló que ya transcurrió aproximadamente un año desde la entrada en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó que todavía no se aplique plenamente.

Además, advirtió sobre el escenario presupuestario previsto para 2027. Según indicó, los fondos contemplados por el Gobierno nacional estarían un 35% por debajo de lo que necesita el sistema universitario, lo que, a su entender, dificultaría todavía más el cumplimiento de la ley durante el próximo año.

El dirigente sostuvo que el desfinanciamiento tiene consecuencias que exceden la situación salarial y alcanza al funcionamiento cotidiano de las instituciones, con dificultades para sostener partidas y acompañar las necesidades académicas y tecnológicas.

También puso como ejemplo el monto de las becas Progresar, que, según señaló, permanece en $35.000 desde hace aproximadamente dos años. “¿Qué hace un estudiante con esa suma? ¿En qué se ayuda?”, cuestionó.

En ese contexto, remarcó que la situación genera preocupación entre trabajadores y estudiantes, aunque destacó que observa una mayor conciencia del estudiantado sobre las dificultades que atraviesa la educación superior.

Reclaman diálogo y una respuesta del Gobierno

Consultado sobre las instancias de negociación con el Gobierno nacional, Giri indicó que la última convocatoria paritaria se realizó hace más de un mes, pero cuestionó que no se haya presentado una propuesta concreta.

“Se cumple con el formalismo de hacer la convocatoria, pero después no hay una propuesta, no hay diálogo y, en realidad, no hay paritaria”, sostuvo.

Por el momento, explicó que no hay definiciones sobre medidas de fuerza más intensas. La continuidad del plan de lucha se evaluará en función de la evolución del conflicto y del tratamiento del presupuesto nacional para el próximo año.

Aunque consideró posible que se impulse una nueva movilización cuando se discuta el presupuesto en el Congreso, aclaró que todavía no existe una decisión formal. También señaló que una eventual protesta podría concentrarse en la Ciudad de Buenos Aires.

La unidad de la comunidad universitaria

Finalmente, Giri destacó la articulación entre las federaciones docentes, los trabajadores no docentes, las organizaciones estudiantiles y las autoridades universitarias para sostener los reclamos.

Si bien reconoció que el incumplimiento de la ley puede generar desánimo, consideró que la unidad entre los distintos sectores es uno de los principales factores que permiten mantener las medidas de protesta.

El conflicto continuará durante las próximas semanas, con jornadas de paro y reclamos por el financiamiento universitario, mientras la comunidad educativa espera respuestas sobre la aplicación de la ley y los recursos previstos para el próximo año.