La causa penal contra Marcelo Porcel se inició a raíz de una serie de denuncias presentadas por las familias de los alumnos del colegio Palermo Chico, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Tras un exhaustivo período de instrucción comandado por el juez Carlos Bruniard y el fiscal Pablo Turano, el empresario fue procesado con prisión preventiva tras hallarse elementos de convicción suficientes que lo vinculan con los abusos de, al menos, diez menores de edad.

La sorpresiva presentación -para ser juzgado en un juicio por jurados- fue formalizada por su abogado defensor, Roberto Rallín, ante el juez de instrucción Carlos Bruniard, apenas una semana después de que la fiscalía y la querella que representa a las familias damnificadas solicitaran de forma conjunta la elevación del expediente a la instancia de juicio oral.

El pedido de la defensa, sin embargo, amenaza con transformarse en un laberinto de trabas procesales. Esto se debe a que, si bien la elección de ser juzgado por un jurado popular es considerada una garantía del imputado, dicha modalidad aún no se encuentra legislada ni reglamentada dentro del fuero de la Justicia Nacional, ámbito donde tramita la investigación. Bajo el marco normativo vigente en esta jurisdicción, Porcel únicamente puede enfrentarse a un tribunal técnico tradicional compuesto por tres magistrados del Estado.

Para sortear este obstáculo legal, Rallín planteó como estrategia accesoria que la causa sea transferida a la justicia local, ya sea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o de la provincia de Buenos Aires, territorios donde los juicios por jurados funcionan plenamente. El principal argumento del letrado gira en torno a la masiva repercusión pública que adquirió el caso; según sostuvo en su escrito, existió una “utilización artera e indisimulada del poder mediático” para instalar una narrativa y “moldear una verdad revelada” antes de tiempo, un condicionamiento que, a su criterio, impediría que tres jueces de carrera actúen con la imparcialidad que exige la Constitución.

Tras la presentación del escrito defensivo, el juez Bruniard corrió vista al fiscal Pablo Turano y al abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti para que evalúen el planteo y fijen su postura doctrinaria. En los próximos días, el magistrado deberá definir si rechaza la pretensión de la defensa —lo que habilitará el sorteo inmediato del Tribunal Oral en lo Criminal para dar inicio al debate ordinario— o si da lugar a recursos de apelación que postergarán los plazos del proceso.