Este martes, la presidenta de la Cámara de Apelaciones Civil de Comodoro Rivadavia, María Marta Nieto, presentó los resultados de la auditoría efectuada sobre el funcionamiento del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Fuero de Familia local. En conferencia de prensa, la magistrada detalló que la evaluación demandó un plazo de 60 días tras ser designada por el Superior Tribunal de Justicia y advirtió que el abordaje de este organismo representa “un desafío muy sensible” debido a que allí se gestionan crisis humanas y violencias.
La funcionaria judicial explicó que el plan de intervención constó de cinco etapas, comenzando con un diagnóstico de los recursos materiales, humanos y de gestión de los últimos tres años. Al respecto, concluyó que el ETI cuenta con los elementos e infraestructura necesarios para cumplir sus funciones y descartó falencias operativas de base. Sin embargo, al pasar a la fase de territorio y analizar más de treinta expedientes al azar, se detectaron desvíos significativos en los tiempos de atención y en el sistema de asignación de prioridades.
“En abril tenían turnos señalados hasta junio. Si uno piensa en una situación de violencia o de riesgo, junio es muy lejos”, advirtió Nieto respecto al funcionamiento del triage o evaluación de riesgo. La camarista cuestionó que, ante denuncias de violencia familiar con medidas de protección vigentes dictadas, el equipo solía postergar las entrevistas inmediatas en la agenda, una práctica que consideró urgente corregir para optimizar el restablecimiento de los derechos vulnerados.
Asimismo, la auditoría expuso la necesidad de revisar los criterios de litigio y la coordinación entre las distintas dependencias estatales que componen el Sistema integrado de Protección. Nieto apuntó directamente hacia la judicatura al señalar que la demanda constante y en aumento de la conflictividad genera un corrimiento de la presencia de los magistrados en el tratamiento cotidiano. “Una de las medidas que sugiero respecto de los jueces de familia es una mayor involucración en el caso en concreto”, afirmó.
La funcionaria judicial explicó que las sugerencias aprobadas incluyen una profunda revisión sobre cómo los magistrados solicitan la asistencia técnica. Según advirtió, el volumen de causas actuales exige evaluar con precisión el “criterio de oportunidad”, definiendo con claridad cuántas veces, cómo y por qué se requiere la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) en un mismo proceso, una dinámica que busca recuperar la presencia efectiva del juez en cada expediente.
“La implementación de las sugerencias incluye una capacitación mayor de todos los operadores en perspectiva de vulnerabilidad y no tanto con la perspectiva de género”, afirmó Nieto. La camarista aclaró que, si bien la temática de género es fundamental, el sistema actual tiende a invisibilizar otros contextos críticos que atraviesan los sectores más desprotegidos de la comunidad en los litigios de familia como los niños o personas adultas mayores o de discapacidad.
“A los adultos mayores les pasa lo mismo que a los niños: no los escuchan, no los ven, quizás no les prestan tanta atención a su relato”, sostuvo, sumando también a las personas con discapacidad como víctimas recurrentes de un sistema que muchas veces no les ofrece respuestas accesibles ni canales institucionales adecuados a sus necesidades.
Las medidas de cumplimiento inmediato ya fueron comunicadas tanto al cuerpo interdisciplinario como al Colegio de Jueces. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia ya dispuso la implementación de la totalidad de las medidas sugeridas en el informe de auditoría. Las modificaciones exigidas al ETI incluyen la reestructuración de horarios, el manejo equitativo de las agendas de los profesionales y una capacitación profunda con enfoque de vulnerabilidad ampliado, orientada no solo al género, sino también a la niñez, la discapacidad y la ancianidad.
