El preocupante incremento de denuncias por falsas desapariciones y ausencias voluntarias en los últimos meses encendió las alarmas en el ámbito policial y judicial de la provincia. Ante este escenario, las autoridades evalúan implementar medidas drásticas para frenar las maniobras ficticias que desvían recursos críticos. Patricio Rojas, confirmó – en diálogo con La Tribuna por Radio Del Mar- que se analiza impulsar demandas judiciales para que quienes simulen estos casos deban hacerse cargo de la totalidad de los costos económicos que demandan los operativos de rastrillaje.

La propuesta tomó fuerza a partir de un planteo formal formulado por el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, impulsado por una preocupante tendencia detectada en el último tiempo: el aumento de casos de adolescentes y jóvenes que se ausentan de sus hogares de manera voluntaria con el único objetivo de ganar visibilidad, interacciones o repercusión en las redes sociales.

La iniciativa prevé un mecanismo de sanción económica severo. En aquellos casos donde los investigadores comprueben de manera fehaciente que no existió una desaparición real ni una situación de riesgo efectiva, las actuaciones serán derivadas a la Fiscalía de Estado de la provincia. Este organismo será el encargado de evaluar y ejecutar los reclamos civiles correspondientes para exigir el reintegro de cada uno de los gastos operativos y logísticos generados por los procedimientos de búsqueda.

Las autoridades judiciales y policiales coincidieron en que este tipo de conductas irresponsables no solo implican un gasto innecesario de fondos públicos, sino que también saturan al personal técnico y operativo. El desvío de recursos humanos, vehículos y tecnología hacia alertas falsas pone en riesgo real la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante casos de desapariciones verdaderas, urgencias o delitos graves que requieran la intervención urgente de las brigadas de búsqueda.