La provincia de Chubut formalizó su adhesión a “25 Firmas”, una propuesta de alcance federal impulsada por el actor Gastón Pauls a través de la Fundación Casa de la Cultura de la Calle. El proyecto busca unificar el compromiso político de los 24 gobernadores del país y del Presidente de la Nación para fijar a la salud mental y a la lucha contra las adicciones como prioridades de Estado, estableciendo seis ejes concretos de acción sanitaria, educativa y comunitaria.
Los alcances y la bajada territorial de este acuerdo fueron presentados en Comodoro Rivadavia durante una conferencia de prensa en el Centro Integral de Tratamiento (CIT) Norte, en Kilómetro 8, encabezada por la directora provincial de Salud Mental, Marta Rodríguez, junto a los subsecretarios de Salud, Romina Galarza y Sergio Bartels.
El impacto más significativo para la ciudad será la puesta en marcha, proyectada para antes de que finalice el año, de una comunidad terapéutica pública para personas con consumos problemáticos. Actualmente, Chubut cuenta con un único centro estatal residencial de estas características ubicado en la localidad de 28 de Julio, en el Valle provincial. La estadística oficial refleja la urgencia de la medida: cerca del 60% de los pacientes derivados allí provienen de Comodoro Rivadavia, lo que genera un desarraigo geográfico que dificulta el acompañamiento de las familias en situaciones de vulnerabilidad económica.
Además del dispositivo residencial local, el acuerdo establece el armado de una Red Provincial de Salud Mental para articular a casi 450 profesionales del sistema sanitario, la formalización de estos servicios dentro de los organigramas hospitalarios y la creación de un Observatorio Provincial de Drogas para generar estadísticas territoriales precisas.
La agenda contempla también un fuerte trabajo preventivo: en las escuelas se aplicará el programa “CLIC para Cuidar” —orientado a consumos digitales y ludopatía en adolescentes de 13 a 17 años—, campañas públicas en eventos masivos y la aplicación de la Ley 841 para capacitar a empleados estatales y crear protocolos laborales que acompañen con licencias médicas a trabajadores en recuperación, dejando de lado las sanciones punitivas.
