El Gobierno nacional formalizó una batería de medidas diplomáticas, jurídicas y de defensa destinadas a frenar el avance británico sobre los recursos de la plataforma continental en torno a las Islas Malvinas. El eje central de la ofensiva apunta de manera directa contra el proyecto Sea Lion, una iniciativa de extracción de petróleo no autorizada por la República Argentina que viola las resoluciones de la ONU sobre la abstención de medidas unilaterales en áreas en litigio y que en pocos meses tendría capacidad de operar comercialmente.

Para bloquear el desarrollo hidrocarburífero, el Ejecutivo dispuso un decreto reglamentario que refuerza la Ley 26.659. La medida establece un canal directo y expeditivo para que cualquier organismo estatal reporte infracciones a Cancillería e incorpora la exigencia de declaraciones juradas obligatorias tanto en trámites del sector hidrocarburífero como en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), excluyendo a firmas o grupos económicos vinculados a actividades ilegales en las islas.

A la par, el Gobierno enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca endurecer las sanciones de la Ley 26.659 y ampliar su alcance administrativo y penal hacia las empresas prestadoras de servicios y contratistas asociadas a la explotación petrolera. Asimismo, crea el Consejo de Seguridad Nacional para diseñar una política exterior y de defensa transversal junto a los ministerios de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía.

La normativa proyectada también contempla la creación de un régimen de protección para infraestructuras críticas nacionales y un marco de resguardo aeroespacial y marítimo. En el plano operativo, se asignarán mayores partidas presupuestarias al Ministerio de Defensa para continuar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y modernizar telecomunicaciones, con la premisa de consolidar un polo logístico y fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.