El veredicto se conoció este miércoles pasadas las 12:30 horas en la sala del tribunal de Santa Cruz, clausurando un debate oral de alta trascendencia institucional que se había iniciado el pasado 3 de marzo. Los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez resolvieron, por mayoría, aplicar la pena de ejecución condicional al máximo responsable directo de la conducción de la fuerza subqua. El dictamen generó un fuerte impacto en los ámbitos navales, donde las distintas promociones de oficiales seguían con suma atención el desenlace por sus implicancias doctrinarias en la cadena de mandos.

Los jueces encontraron a Claudio Javier Villamide responsable de los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El militar ya cargaba con una sanción de destitución en el plano administrativo, dictada previamente por un Consejo de Guerra del Estado Mayor Conjunto que cuestionó su decisión de no ordenar el regreso a puerto del buque navegando en superficie tras informarse el desperfecto en las baterías. El eje de las apelaciones futuras rondará en torno a los fundamentos que vinculen causalmente sus omisiones normativas con la implosión final de la nave.

“Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio… Se pretende que demos la vida por la patria y, sin embargo, ante un hecho luctuoso, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables” dijo Villamide ante el Tribunal.

Por unanimidad, el tribunal resolvió absolver de culpa y cargo al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Alistamiento y Adiestramiento, junto a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. En sus palabras finales, López Mazzeo defendió el estado de operatividad de la embarcación y argumentó que el siniestro obedeció exclusivamente al ingreso imprevisto de agua por el sistema de ventilación. El excomandante criticó la estructura de la acusación judicial al señalar que ante la falta de certezas fácticas “formuló un relato que intenta completar mediante inferencias” y suposiciones normativas retrospectivas.

La resolución judicial dejó fuera del perímetro de responsabilidades penales a las autoridades políticas de la gestión del expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al entonces jefe de la fuerza, almirante Marcelo Srur. La causa concentró las imputaciones únicamente en la línea técnica y operativa que se ubicaba inmediatamente por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien pereció en el mar junto a los restantes 43 submarinistas. Tras más de treinta audiencias y las declaraciones de unos 90 testigos especializados, el proceso ingresa ahora en la etapa de plazos legales para la lectura de los fundamentos técnicos del fallo.