Ferreira señaló que la decisión fue tomada por la comisión directiva del Colegio durante el fin de semana, luego de expresar el pesar por el fallecimiento del menor. En ese marco, indicó que solicitaron al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal que “lleven adelante las investigaciones que correspondan” y, en caso de existir irregularidades, se establezcan las responsabilidades pertinentes.

Al mismo tiempo, el dirigente aclaró que el pronunciamiento no busca constituirse en una defensa corporativa, sino fijar una postura frente a lo que consideró una exposición “poco prudente” de funcionarios judiciales que intervinieron en el caso, como el juez, la asesora de familia y otros profesionales.

En ese sentido, cuestionó la difusión de nombres e imágenes tanto en medios de comunicación como en redes sociales y rechazó lo que definió como “escraches públicos”. “Ninguno tiene la información suficiente como para hacer juicios o condenar de antemano a personas”, remarcó, y agregó que esas conductas “no colaboran en nada con la investigación”.

Ferreira sostuvo que el Colegio promueve el respeto al Estado de Derecho y a las garantías constitucionales, y advirtió que este tipo de prácticas atentan contra la convivencia social. “Si aspiramos a una convivencia pacífica, este tipo de actitudes no pueden ser permitidas”, afirmó.

Consultado sobre el funcionamiento del fuero de familia en Comodoro Rivadavia, reconoció que existen cuestionamientos desde hace años, aunque evitó opinar sobre el caso puntual por tratarse de un expediente de carácter privado. No obstante, admitió que hay demoras en la tramitación de causas, vinculadas —según explicó— a la alta carga de trabajo, la rotación de personal y dificultades estructurales del sistema.

Respecto a críticas provenientes de otros sectores, como la abogada Norma Contreras, indicó que si bien tomó conocimiento de una carta pública, no consideró necesario responderla y señaló que se trata de cuestionamientos habituales hacia la institución.

Por otra parte, Ferreira también se refirió a la intervención del abogado Roberto Castillo en la causa, y advirtió que no cuenta con matrícula habilitante en la provincia del Chubut. En ese sentido, explicó que para ejercer la profesión es obligatorio matricularse en alguno de los colegios de abogados locales, y que sin ese requisito no puede acceder a expedientes, realizar presentaciones ni participar formalmente en audiencias.

Finalmente, reiteró que el objetivo principal debe ser esclarecer lo ocurrido. “Hay un niño fallecido, que es lo único verdaderamente importante en toda esta situación. Esperamos que se haga justicia y que esto sirva para corregir lo que deba corregirse”, concluyó.