La letrada explicó que el planteo surge a partir de una carta abierta impulsada por una subcomisión vinculada a niñez, niños, niñas y adolescentes, desde donde advierten que el problema excede responsabilidades individuales y responde a una falla estructural. “No se trata solo de señalar a funcionarios, sino de revisar cómo están funcionando los organismos de control y respuesta”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la crisis del fuero de familia no es reciente y que desde hace más de dos años se vienen realizando reclamos, presentaciones y pedidos de intervención al Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, consideró que las medidas adoptadas hasta el momento “no han sido suficientes”.

Contreras señaló que existen demoras en los procesos judiciales que afectan directamente a niños y niñas, y advirtió que “una justicia que no llega a tiempo no es justicia”. Además, planteó que la falta de recursos humanos capacitados y la escasez de medios materiales dificultan la intervención adecuada en situaciones complejas.

También apuntó a una “ausencia del Estado” en el territorio, especialmente en el seguimiento de casos que requieren presencia en zonas alejadas, y sostuvo que esto limita la capacidad de respuesta de los organismos.

En la carta, además, solicitan la intervención de la Legislatura provincial, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de que cada institución revise su rol, evalúe recursos y mejore la eficacia del sistema.

Finalmente, la abogada subrayó que el objetivo es evitar que hechos como el de Ángel se repitan. “Si no se hace una revisión real, esto puede volver a pasar. No queremos que quede como un caso más”, concluyó.