Una audiencia de conciliación en el Juzgado de Paz de Lago Puelo culminó ayer con una millonaria reparación económica para un vecino que fue atacado en la vía pública por un perro de raza potencialmente peligrosa. El hecho encendió las alarmas en la comarca andina y marca un fuerte precedente judicial impulsado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, orientado a endurecer las sanciones contra la tenencia irresponsable de animales.

El episodio ocurrió en pleno mediodía, cuando la víctima caminaba por la vereda y fue sorprendida por un perro de raza Pitbull que salió imprevistamente desde el interior de un comercio. El animal logró acceder directamente a la calle debido a la absoluta falta de medidas de seguridad en el local, el cual carecía por completo de rejas, puertas de contención o cartelería de señalización que advirtiera sobre el peligro latente. Como consecuencia de la negligencia, el damnificado sufrió severas heridas por mordeduras en distintas partes del cuerpo.

“Esto se da en el marco de una política que estamos teniendo de instruir las contravenciones derivadas de mordeduras de perros, e incluso en casos graves estamos iniciando legajos por lesiones culposas”, sostuvo el funcionario de fiscalía Natanael Abad, al ponderar la efectividad de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos implementados en la circunscripción.

Para evitar que el legajo penal avanzara hacia una imputación formal y una sanción legal de mayor gravedad, el propietario del comercio y del canino aceptó su responsabilidad civil y penal. En ese marco, acordó y efectivizó el pago inmediato de una indemnización de 5 millones de pesos en favor de la víctima. Por razones de confidencialidad estricta que rigen en los procesos de conciliación, las autoridades mantuvieron bajo reserva las identidades de los involucrados.

Desde el órgano acusador recalcaron que estas intervenciones persiguen un doble propósito que va más allá del resarcimiento monetario por los daños físicos y psicológicos. Las autoridades pretenden generar una profunda toma de conciencia en la población local, obligando a los dueños de mascotas a adoptar medidas de seguridad efectivas dentro de sus propiedades para garantizar la seguridad de quienes transitan por el espacio público.