*Victor Amigorena

Comodoro Rivadavia atraviesa uno de los peores momentos de su infraestructura vial. Los baches ya no son consecuencia de la última lluvia, sino de años de falta de inversión y de mantenimiento. Las últimas lluvias continuadas apenas aceleraron un deterioro que estaba a la vista y que hoy atraviesa a toda la ciudad.

El problema también expone una cadena de responsabilidades compartidas. El Gobierno nacional decidió retirar el financiamiento para la obra pública y las partidas para infraestructura prácticamente desaparecieron. La Provincia tampoco muestra una política para asistir a Comodoro y evidentemente, la municipalidad no encontró la clave en cómo gestionar ayuda, ni en cómo resolver con el presupuesto asignado. El Municipio debe convivir con el deterioro como parte de “la nueva normalidad” y creó una llamativa propuesta que nos incluye a todos.

Esta semana se presentó “Mi Calle”, una plataforma para que los vecinos denuncien baches, pérdidas de agua, luminarias rotas y otros problemas urbanos para, al menos, tener los problemas geolocalizados.

La iniciativa es para reorganizar los reclamos, aunque no resolverá el problema de fondo. Porque el déficit de Comodoro no pareciera ser un problema de falta de información.  El mismo día que se presentaba la plataforma digital, el Gobierno provincial reanunciaba “la licitación de la obra para avanzar en un plan intensivo de bacheo sobre los 27 kilómetros de la ruta 3 que atraviesan a Comodoro”, una obra que recién iniciaría en primavera y se extendería hasta el verano.

Mientras tanto los vecinos tendrán que redoblar su paciencia y cuando vean un pozo, además de esquivarlo, podrán sacarle una foto para adjuntar en el app que, si Dios quiere, nos ayudará a salir del pozo.

YPF se fue, y las dudas quedan

La diputada del PICH, Andrea Toro, presentó esta semana en la Legislatura un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo remita, en un plazo de diez días, buena parte de la documentación vinculada al acuerdo que permitió la salida de YPF de las áreas convencionales de la provincia.

La iniciativa, que fue aprobada en la última sesión, busca conocer los estudios de solvencia económica y técnica que respaldaron la elección de las empresas responsables de asumir los pasivos ambientales que dejó la petrolera nacional, y, al mismo tiempo, exige la misma documentación a Crown Point, que se hizo cargo de las áreas que dejó Tecpetrol.

“Más allá de que el acta acuerdo que se realizó afirma que la solvencia de estas empresas fue debidamente estudiada y aprobada, ese estudio nunca llegó a Legislatura. Lo que sí sabemos es que este bloque manifestó que sabíamos, a través de informes públicos, la diversidad que existe entre estas empresas”, argumentó Toro.

El planteo apunta especialmente a conocer qué metodología utilizó el Ministerio de Hidrocarburos y la Secretaría de Ambiente para concluir que las compañías tenían capacidad suficiente para afrontar esas obligaciones y cuáles fueron los criterios aplicados en cada caso.

Pero el pedido no se detiene allí. También reclama las auditorías ambientales de cierre y las disposiciones de la Secretaría de Ambiente aprobadas; la tasación técnica que justificó el aporte extraordinario de 25 millones de dólares realizado por YPF; la existencia de garantías adicionales —como seguros, fideicomisos o avales bancarios— para responder frente a futuros pasivos ambientales; la situación de los inmuebles incluidos en el acuerdo, los fundamentos por los cuales las eventuales controversias se resolverán en tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y no en la Justicia chubutense; el estado del relevamiento patrimonial previsto por la propia ley y el impacto fiscal de las exenciones tributarias otorgadas en el convenio.

Durante la sesión la Diputada dejó planteada una serie de dudas coincidentes a las que plantearon distintos sectores de Comodoro Rivadavia a raíz de la salida de YPF y que aún no tienen respuestas.

Vivir de prestado

Los anuncios suelen decir tanto por lo que prometen como por el problema que reconocen. Esta semana, el gobernador, Ignacio Torres, anunció la eliminación de los códigos de descuento sobre los salarios de los empleados del Estado que usan financieras, mutuales y cooperativas para el cobro automático de créditos, que “durante años facilitó prácticas usurarias que afectaron a miles de trabajadores de la provincia”.

La estrategia oficial combina asistencia inmediata y cambios de fondo: por un lado, el Banco del Chubut ofrecerá refinanciar las deudas de los empleados públicos y, por otro, el Ejecutivo impulsará una ley para redefinir las condiciones bajo las cuales podrán otorgarse estos préstamos.

Detrás de la batería de medidas quedó expuesta una realidad mucho más profunda: cada vez son más los trabajadores que necesitan endeudarse para llegar a fin de mes.

El propio Gobernador habló de familias atrapadas en un “espiral de endeudamiento”, de empleados a los que les descuentan hasta el 80% del salario y de entidades que llegaron a cobrar tasas superiores al 340% anual”. Sin embargo, la existencia misma de ese programa revela que el problema dejó de ser individual para convertirse en un fenómeno social.

Es importante recordar, que, según un estudio del Banco Central la provincia registra más de 84 mil personas con deudas en situación irregular. No deja de ser una paradoja. Aunque la alternativa propuesta por el Gobierno provincial podrá aliviar algo de esta carga, las estadísticas funcionan como un termómetro de una economía doméstica cada vez más ajustada.

La danza de los nombres

Falta más de un año para que empiece formalmente la campaña, pero en Chubut hace tiempo que comenzaron a acomodarse las fichas. El tablero del 2027 empieza a poblarse de nombres y nadie se hace el distraído.

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, ya dejó de hablar de internas para hablar de un proyecto de provincia y de un frente que exceda al peronismo. José Glinski tampoco escondió sus aspiraciones: confirmó que está dispuesto a competir por la Gobernación si su espacio así lo define y volvió a reclamar una construcción amplia para enfrentar al oficialismo. De cara a que ambos mostraron interés, ninguno de los dos confirma que ocurrió con la alianza que los mantuvo del mismo lado en la última interna peronista.

En paralelo, desde Comodoro, el nombre de Juan Pablo Luque continúa orbitando como una referencia inevitable dentro del PJ, mientras otros dirigentes esperan el momento oportuno para decidir si juegan o se suman.

Del otro lado no hay misterio. Ignacio Torres nunca ocultó que buscará la reelección. La novedad pasa por el formato de ese armado. En el oficialismo dan señales de que el objetivo no será reeditar la coalición que lo llevó al poder, sino construir una mayoría todavía más amplia, con intendentes, sectores del radicalismo, del PRO, vecinalistas, peronistas desencantados e incluso con la puerta entreabierta para un entendimiento electoral con La Libertad Avanza. La discusión ya no parece ser con quiénes competir, sino con quiénes sumar para evitar que la elección vuelva a definirse por un puñado de votos.

Todavía faltan candidaturas, alianzas y más de una ruptura. Pero el clima ya cambió. En Chubut, el 2027 dejó de ser una fecha en el calendario para convertirse en la principal conversación de la política.

*Director Periodístico Radio Del Mar/Del Mar Digital/depetroleo.com